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Sábado 16 de diciembre de 2017

Las provincias carecen de incentivos para bajar el déficit

Sección
Integración
Fecha
28 de agosto de 2017

Eduardo Robinson *

Entre los principales desequilibrios heredados por la actual gestión está el déficit fiscal. No alcanzan los impuestos para solventar el gasto público y, entonces, hay que recurrir a tomar deuda. En este marco, desde el Gobierno nacional se han planteado metas anuales de reducción del déficit, pero no se ven los mismos incentivos desde las provincias y los municipios.

En 2004, cuando la economía tenía los llamados superávits gemelos, esto es, excedentes simultáneos fiscal y en la balanza comercial, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó una ley de Responsabilidad Fiscal. El principal objetivo era evitar desbordes en el gasto de las provincias. El federalismo fiscal que rige en Argentina, carece todavía de un sistema de incentivos destinado a premiar o castigar las administraciones en base a la prudencia para evitar el exceso de gasto. Se verifica lo que se denomina un comportamiento de moral hazard (riesgo moral). Esto quiere decir, que no hay incentivos para ser cuidadoso en un determinado aspecto, porque otro cubrirá esa falencia. Por ejemplo, si una provincia tiene una situación de insolvencia fiscal, que le impide cumplir con los salarios de los agentes estatales, el Gobierno nacional aportará los fondos para el salvataje. Esto sucede cuando el tamaño del sector público trae más problemas para la sociedad que beneficios.

¿Cuál es el tamaño apropiado del sector público en la economía? La respuesta no es sencilla. Entre otras cosas porque no hay una cifra, sino que pasa por advertir cómo se financia un determinado nivel de gasto público. Un indicador de un tamaño inadecuado del sector público es el sistema fiscal que lo financia, el nivel de endeudamiento o de emisión de moneda a los que hay que recurrir. Por ello, el exceso de gasto público, tiene consecuencias. La principal: eleva los niveles de pobreza. La Argentina tiene hoy una presión fiscal récord que alcanza al 31% del PBI, considerando sólo la recaudación de impuestos naciones, hay que añadirle los provinciales y municipales, en ese caso supera holgadamente el 40%. Sin embargo, la pobreza es del 30%, en promedio, con lo cual en las provincias del NOA y NEA, seguramente ese porcentaje es las elevado. Asimismo, el gasto público de Tucumán supera los $ 55.000 millones, que representa el 50% del tamaño de su economía. ¿Cómo se financia? Es una de las provincias con mayor presión fiscal del país. Por eso es una economía muy poco atractiva para las inversiones y como otros distritos se encuentra en un círculo complicado: elevada presión fiscal, bajo nivel de inversiones, baja productividad, más pobreza, más gasto social, suba de impuestos. El agravante es que las provincias tienen en sus sistemas tributarios un impuesto altamente distorsivo como es Ingresos Brutos, que generan ineficiencia y pérdida de competitividad productiva.

Los lineamientos de la revisada Ley de Responsabilidad Fiscal apuntan a incentivar la prudencia fiscal en las provincias: tendrán la obligación de mantener constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias (o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes) y deberán congelar la plantilla de empleados públicos al 31 de diciembre de 2017. Esto implica reglas de juego que irían en el sentido de crear instituciones fiscales que otorguen un marco de mayor previsibilidad. Es una forma de empezar a organizar la macroeconomía argentina. Un déficit alto crea un estrujamiento al sector privado, desincentiva la inversión y resta competitividad.

* Economista

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