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Lunes 16 de diciembre de 2019

Norte Grande: Las provincias del NEA-NOA son pobres hace 30 años

Sección
Integración
Fecha
15 de octubre de 2019

Claudio Romero

¿Imposibilidades estructurales o desinterés gobernante? Los distritos con mayor incidencia de la pobreza son los más dependientes de la coparticipación y el empleo público.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es, entre las provincias medianas y comparables, una de las que más contribuye al federalismo argentino con un aporte anual del 19,1% del Producto Bruto Geográfico (PGB), es decir 1/5 de la producción de bienes y servicios en el país, y su recaudación aporta alrededor de 2.000 millones de pesos diarios a las arcas nacionales (cifras correspondientes a 2018).

En la complejidad económica de nuestro país, y con la responsabilidad de haber sido elegida Capital de la República por la totalidad de las provincias, debido a su natural cercanía con el puerto que la conectó desde siempre con el resto del mundo, CABA exhibe tres índices destacables: percibe por coparticipación federal el 24,3%, su nivel de empleo estatal es del 23% y el de personas bajo la línea de pobreza es del 12,6% (al segundo semestre del año pasado).

Los censos de las últimas décadas demostraron que la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contiene e integra un elevado componente de personas provenientes de las provincias del interior desde hace más de diez décadas, una migración interna que enriqueció permanente al crecimiento de una de las mayores urbes del país.

Pero es en materia de pobreza donde la comparación de los índices marca una diferencia sustantiva con administraciones de otro signo político, como La Rioja que exhibe un índice de 30,5%, Catamarca del 35,5%, Santiago del Estero del 38,9% y Chaco del 41,4% bajo la línea de pobreza.

En base a la experiencia porteña se puede sugerir que parte de la pobreza en la Argentina podría reducirse si los distritos que padecen este flagelo estimularan y explotaran producciones propias en su propio territorio y abandonaran la fatídica idea de que el Estado Nacional debe ser el proveedor de empleo o sostenimiento no productivo, con el propósito partidario de mantener una adhesión cautiva y dependiente del sueldo estatal.

La pobreza en Argentina no se resuelve con el incremento de programas y planes sociales, sino con la creación de pequeñas y medianas empresas -y en consecuencia puestos de trabajo- con el apoyo de los gobiernos locales, con la flexibilización de leyes e impuestos y recreando una cultura del trabajo abandonada por la mala praxis de una política de la dádiva.

Reducir ese flagelo, que tanto duele en el mundo, supone sincerar cuestiones económicas irresueltas y un cambio estructural, explorado sin éxito por diversas gestiones de gobierno. Por ejemplo, la desproporción explícita entre los niveles de pobreza, la participación de las provincias en la estructuración del Producto Bruto Interno y los porcentajes de Coparticipación distribuidos entre las provincias Argentinas.

La Rioja aportó al PBI en 2018 el 0,6%, Catamarca y La Pampa el 0,8% cada una, Tierra del Fuego el 1%, Jujuy y Santiago del Estero el 1,1%, Corrientes el 1,4% y Chaco el 1,7%. Aunque el INDEC no calcula la participación de cada provincia en el PBI, la consultora Federico Muñoz y Asociados lo estima en un informe anual titulado "Indicador Sintético de Actividad de las Provincias (ISAP). Por esa medición se sabe que en 2016 CABA contribuyó al PBI nacional el 19,1%, es decir 1/5 de la producción de Bienes y Servicios de todo el país.

Con la Coparticipación Federal ocurre algo parecido. En 2018, mientras CABA recibió fondos del Gobierno Nacional equivalentes al 24,3% de su presupuesto propio, La Rioja obtuvo el 85,6% de su presupuesto, Catamarca el 79,6%, Santiago del Estero el 85,4%, Chaco el 71%, Formosa el 77,8%, y Tucumán el 70,7%, entre otras.

De los números se desprende que estas provincias viven más de lo que reciben por Coparticipación que de los recursos propios generados en sus propios territorios. Las nuevas producciones de bienes y servicios repercuten invariablemente en la creación de fuentes de trabajo privadas provinciales.

Justamente sobre los puestos de trabajo, CABA maneja una administración estatal con solo el 23% de la masa laboral porteña. Es decir que más de las ¾ partes de los ocupados en el distrito trabajan en el sector privado.

En cambio, la provincia de Catamarca contiene una administración pública que abarca el 69% de los empleados provinciales, el Chaco el 58%, Formosa el 69%, La Rioja el 67%, Santiago del Estero el 60%. Las provincias que han reducido un poco su plantel administrativo son Salta que tiene una planta administrativa del 49%, San Juan el 46%, San Luis el 42% y Tucumán el 46%.

Es casi una tradición que los gobiernos de provincias chicas funcionen en base al empleo público y no modifiquen esa situación por cuestiones políticas. La ausencia de producción y empleo privado promueve la dependencia del salario estatal.

Con el valioso instrumento que es el INDEC en normal funcionamiento, quedan desbaratadas las falsas cifras de pobreza difundidas en 2015, cuando el organismo estaba intervenido. Debemos darnos cuenta que hay un marcado desequilibro entre lo que las provincias aportan y lo que reciben. La reflexión que nos cabe es: ¿los gobiernos locales no deberían diseñar e implementar políticas que generen ingresos de auto sustento, para depender menos del esfuerzo de las provincias más productivas? Si no, es fácil ser gobernador de una provincia, con los fondos de otra.

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