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Domingo 9 de agosto de 2020

El embarazo adolescente ¿tiene solución?

Sección
Opinión
Fecha
6 de diciembre de 2019

Julia Frenkel *

El embarazo en la adolescencia es un problema. Tiene consecuencias sobre la vida de las niñas y las adolescentes que duran para toda la vida. Las mujeres que son madres en su adolescencia tienen una probabilidad menor de terminar sus estudios secundarios respecto de las mujeres que retrasan su primera maternidad a la vida adulta, y tienen menos chances aún de completar estudios terciarios o universitarios.

Esto tiene un impacto considerable a largo plazo en las posibilidades que tienen las mujeres que fueron madres en la adolescencia de insertarse en el mercado laboral y de acceder a puestos de trabajo de calidad y mejor remunerados, lo cual afecta su seguridad económica y la de sus familias.

Pero el problema se extiende mucho más allá de lo educativo y de lo económico. El embarazo en la adolescencia también se asocia con resultados deficientes en materia de salud: las adolescentes madres tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad maternas, sus embarazos conllevan un mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad perinatal, y sus hijos nacen a una menor edad gestacional, con menor peso al nacer, con peor estado de nutrición infantil y alcanzan menores niveles de escolarización. Por ello, el embarazo en la adolescencia es un problema económico, un problema de salud pública y un problema intergeneracional ya que contribuye a la reproducción de los ciclos de pobreza y mala salud en las generaciones venideras.

Al panorama descripto se le suma el problema de la equidad de género. Por un lado, el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana muestran mayor incidencia en los hogares de menores recursos, en los que la maternidad parece actuar como refuerzo de roles tradicionales de género, prolongando situaciones de subalternidad y domesticidad que restringen sus derechos en el espacio público. Por el otro, estas inequidades de género y de clase se exacerban cuando el embarazo no es intencional, ya que la maternidad se convierte en un reflejo de la falta de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. En la Argentina, 7 de cada 10 embarazos en la adolescencia no son intencionales.

Los problemas enumerados son especialmente críticos en las niñas madres: las menores de 15 años tienen una probabilidad 4 veces mayor de muerte en el embarazo y sus hijos tienen un mayor riesgo de muerte neonatal (en los 27 días posteriores al parto). Además, en el caso de las niñas menores de 15 existe evidencia de que sus embarazos son en gran medida producto de situaciones de abuso y violencia sexual, la mayor parte de las veces ocurridas en el seno de su hogar. En estos casos, la falta de acceso efectivo a la posibilidad de un aborto seguro no solo es ilegal sino que le agrega a las niñas violadas la tortura de continuar con un embarazo forzado.

En la Argentina, el fenómeno del embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana es de una magnitud considerable. Según las Estadísticas Vitales, en 2017 nacieron 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) son hijos o hijas de adolescentes menores de 20 años y 2.493 son de niñas menores de 15. En la comparación internacional, la tasa de fecundidad adolescente tardía Argentina (TEFA 15-19 años) se encuentra por encima del promedio mundial y por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, aunque es superior a las de países vecinos como Chile, Paraguay, Uruguay y también Perú y Colombia. Hacia adentro del país, el embarazo en la adolescencia muestra brechas geográficas importantes: la TEFA15-19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue de 20,24 por mil en 2017 (menos de la mitad del promedio nacional), mientras que casi cuadruplicó esos niveles en las provincias del Noreste y Noroeste argentino (82,5 por mil en Formosa, 82 por mil en Chaco y 81,4 en Misiones).

Con todo, el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana, en especial si son desenlaces no intencionales en la vida de las niñas y adolescentes, constituyen un problema de salud pública, desarrollo económico, derechos humanos e inequidad social y de género que debe ser atendido de manera urgente por la agenda de políticas públicas.

Con el objetivo de intervenir sobre el problema del embarazo no intencional en la adolescencia, desde 2017 diferentes instancias gubernamentales de Argentina han trabajado en el diseño y la implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), con el liderazgo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y mediante el trabajo conjunto con la Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación de la Nación.

El Plan se construye a partir de una visión integral del problema del embarazo no intencional en la adolescencia, articulando y potenciando respuestas y dispositivos de política pública preexistentes, pero que ofrecían respuestas a distintos aspectos del problema de manera fragmentada. Por ello, el Plan se constituye a partir del diseño de una arquitectura institucional y de gobernanza que tiene como desafíos la intersectorialidad y también la articulación entre niveles de gobierno para la implementación de intervenciones públicas efectivas en un esquema federal con descentralización de los sistemas de salud, educación y protección en las provincias.

La teoría del cambio del Plan ENIA plantea que para reducir el embarazo no intencional en la adolescencia es necesario promover decisiones libres e informadas a través de educación sexual integral y asesorías en las escuelas y la comunidad, fortalecer el acceso a la consejería en SSR y a los métodos anticonceptivos, en especial los de larga duración, y promover el abordaje integral del abuso sexual y el embarazo forzado, fortaleciendo el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) según el marco normativo vigente.

Las intervenciones del Plan ENIA se organizan en acciones que se ejecutan tanto en el nivel nacional como en el territorio a través de 5 dispositivos: i. el dispositivo de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, que tiene como objetivo fortalecer la incorporación de la ESI en las escuelas secundarias estatales de los departamentos seleccionados a través de la sensibilización y capacitación de sus docentes y directivos; ii. el dispositivo de Asesorías en Salud Integral en escuelas y servicios de salud, que tiene como propósito instalar asesorías en salud integral en las escuelas secundarias; el dispositivo 3 de Salud Sexual y Reproductiva, que busca fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes a través del fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales y municipales en consejería en salud sexual y reproductiva a esta población, y la entrega y/o colocación gratuita de un método anticonceptivo a partir de la decisión informada del adolescente (con énfasis en los métodos de larga duración y garantizando la doble protección con preservativos); el dispositivo 4 de Promoción de derechos Sexuales y Reproductivos en la comunidad, que tiene el propósito de identificar, convocar, brindar información, asesoramiento y acercar a los servicios de salud, fundamentalmente pero no exclusivamente, a aquellos adolescentes que no están insertos en el sistema educativo; y el recientemente creado dispositivo 5 de Acceso a la Justicia, cuyo objetivo es brindar patrocinio legal integral a las NyA menores de 15 años víctimas de abuso y violencia sexual, incluyendo el acompañamiento para el acceso a la interrupción legal del embarazo, cuando ellas así lo decidan, a través de un circuito de intervención predefinido.

En su primera fase de implementación (2018-2019), el Plan se ejecuta en 36 departamentos priorizados de 12 provincias del NOA, NEA y PBA, seleccionadas por presentar las mayores tasas de embarazo no intencional en la adolescencia o una mayor relevancia en términos de densidad poblacional. En cada jurisdicción, y tomando la escuela secundaria estatal como unidad básica de identificación de la población objetivo y de intervención, se seleccionaron los departamentos capitales y 2 o 3 departamentos adicionales de manera de cubrir un piso del 30% de las escuelas secundarias estatales de la provincia. La cobertura de esos departamentos en conjunto se estima que alcanza cerca del 50% de la población adolescente de las provincias.

Los resultados del Plan ENIA en esta primera fase han sido muy satisfactorios. A julio de 2019 el Plan capacitó a 11.131 docentes reforzando así los recursos de 1.381 escuelas para brindar ESI a sus estudiantes; instaló asesorías en las escuelas, servicios de salud y espacios comunitarios, por las que pasaron 50.639 adolescentes. El 50% de ellas/os consultaron por motivos vinculados a la anticoncepción y el 30% fueron referenciados a un centro de salud. En el mismo período el Plan cubrió con consejería y métodos anticonceptivos de larga duración (MALD) a 30.256 adolescentes. Se colocaron implantes subdérmicos a 29.685 adolescentes y dispositivos intrauterinos a 571 adolescentes.

En octubre de 2019 se dieron a conocer las estadísticas vitales correspondientes al año 2018. Con ellas se constató que en ese año Argentina registró casi 30.000 nacimientos menos que en 2014. Y solo el año pasado, cuando comenzó a implementarse el Plan ENIA en 12 provincias, se registraron 6.961 nacimientos menos que en 2017 en chicas menores de 19 años, incluidos 143 casos menos de niñas menores de 15 años.

Si bien aún no se cuenta con evaluaciones de impacto que permitan observar el peso de la contribución del Plan ENIA a la reducción de la tasa de fecundidad adolescente, la mayor reducción de esta tasa se dio –al menos entre 2017 y 2018- de manera concomitante con su vigencia. Por ello es de esperar que el mayor acceso a los anticonceptivos de larga duración y el fortalecimiento de la ESI y de las asesorías en salud integral para los adolescentes hayan contribuido a sostener y profundizar la reducción de la tasa de fecundidad adolescente.

El Plan ENIA es una política pública con un esquema intersectorial e interjurisdiccional innovador, basada en evidencia y orientada a resultados, con metas de cobertura e impacto comprometidas y una apuesta a la construcción de esfuerzos compartidos entre los niveles de gobierno. Sostener los esfuerzos realizados será crucial para potenciar los resultados de esta política que aborda una problemática urgente y de fuerte impacto social para los adolescentes de hoy y para las próximas generaciones.

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