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Miércoles 23 de agosto de 2017

Formosa: Informe de FOPEA denuncia acoso judicial a periodistas

Sección
Políticas Públicas
Fecha de publicación
17 de marzo de 2017

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) publicó su informe anual 2016 del Monitoreo de Libertad de Expresión, donde denunció que en Formosa “autoridades políticas utilizaron al Poder Judicial –y/o jueces que se prestaron- con la finalidad de generar una restricción, intimidación o un castigo económico a periodistas y a medios” y dio como ejemplo las demandas y denuncias impulsadas por el Gobernador Gildo Insfrán y funcionarios de su entorno contra periodistas locales.

El informe de FOPEA relata que “una Cámara judicial de la provincia de Formosa ratificó la condena a varios periodistas de radio obligándolos a pagar una suma millonaria al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, quien los querelló por no haber refutado una afirmación pronunciada por un oyente anónimo que salió al aire en un programa, en enero de 2013”.

Luego sigue diciendo el informe: “En noviembre de 2016, otra vez el gobierno formoseño de Gildo Insfrán concretó una presión judicial indebida, al denunciar penalmente a periodistas por sus comentarios en Facebook en los que se preguntaban sobre las causas de un corte de luz que había impedido salir al aire el programa 'Sin Censura', de Gabriel Hernández”.

En esa oportunidad, los periodistas Leonardo Fernández Acosta y Gabriel Hernández fueron denunciados por la Fiscal de Estado Stella Maris Zabala de Copes “por expresas instrucciones” del Gobernador de Formosa.

Sigue diciendo el informe de FOPEA que en el proceso por daños y perjuicios promovido por el gobernador formoseño, para calcular la indemnización de 2 millones de pesos la jueza Giselle Verónica Drovandi dijo que tuvo en cuenta “las condiciones personales” de Insfrán, expresando “que gobierna desde ya hace muchos años de manera intachable” la provincia.

“Los afectados son Gabriel Hernández, conductor del programa de radio "Mano a mano", su esposa y coconductora Paola Cóspito –que ni siquiera estaba en el estudio el día del programa-, la propietaria de la radio y otros periodistas que se hicieron eco luego de la polémica”, dice FOPEA.

También resultó condenado a pagar los 2 millones de pesos el director del diario Opinión Ciudadana, Julián González, actual director de LRA8 Radio Nacional Formosa.

Agrega el informe de FOPEA: “El fallo, que fue recurrido ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa y aún está pendiente de resolución, genera un peligroso precedente por no haber tomado en cuenta la jurisprudencia del caso Campillay y otros respecto de la doctrina de la real malicia y de la mayor tolerancia a la crítica que deben tener los funcionarios públicos”.

FOPEA también critica el fallo de la jueza Drovandi “por haberles adjudicado a los periodistas el incumplimiento de una obligación inexistente: la de tachar de falsas o refutar al aire opiniones o afirmaciones de terceros”.

En su informe, FOPEA lamentó el precedente en el caso, que todavía es materia de recursos ante instancias superiores, “por constituir un castigo económico que busca imponer la autocensura en los medios de comunicación”.

En sus conclusiones, dice el informe de FOPEA: “Durante 2016, gran parte de las limitaciones a la libertad de expresión confirmaron la tendencia de los últimos años: las agresiones más frecuentes a la tarea de periodistas sucedieron en localidades del interior del país y estuvieron dirigidas hacia comunicadores de radios, periódicos o portales de internet por parte de personas poderosas del lugar”.

Para FOPEA, el dato más llamativo en estos casos fue que en Formosa “el Poder Judicial intervino, de un modo u otro, en la restricción de garantías constitucionales que amparan a la prensa y que jueces y fiscales tienen el deber de custodiar en el marco de un sistema republicano”.

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