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Viernes 28 de abril de 2017

Provincias: Ciudades y sectores con más y menos empleos en negro

Sección
Economía
Fecha de publicación
17 de abril de 2017

La Argentina mantiene un núcleo duro de un tercio de asalariados que trabajan sin aportes para la jubilación y ni cobertura médica. La opinión de diversos expertos.

"Entre las tantas severas anomalías que arrastra la economía nacional desde hace varias décadas sobresalen la persistencia de un elevado índice de informalidad laboral y el predominio de unidades productivas muy chicas, con muy baja productividad y alta dependencia del asistencialismo del estado", en torno a un tercio del total de los trabajadores ocupados en relación de dependencia, explica un análisis del Instituto de Estudios Laborales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Se amplía aún más cuando se agregan a los que trabajan por cuenta propia sin adherir a la categoría de monotributista o autónomo, según el nivel de ingreso.

En términos generales, todos los estudios privados coinciden en responsabilizar de la alta cuota de informalidad laboral la elevada presión tributaria que a nivel país algunos economistas llegan a estimar en hasta el 47% del PBI, de la cual los denominados "impuestos al trabajo", como las contribuciones patronales para el sistema jubilatorio, obra social, previsiones por despidos y pago del aguinaldo y vacaciones, entre otras cargas, representan una porción relevante.

Observa Idelas que en el caso de los asalariados la mayor proporción de ocupados "sin aportes jubilatorios", como define la estadística del Indec se nutre de la Encuesta Permanente de Hogares, se alcanzó en el primer cuatrienio posterior a la salida de la convertibilidad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar, con un pico próximo a la mitad en el segundo semestre de 2003. Comprendía a 5,5 millones de trabajadores. El punto mínimo se anotó en el primer trimestre de 2015 con 31,9% de los ocupados en relación de dependencia. Pero luego repuntó a 33,6% a fines del 2016, a más de cuatro millones de personas.

A una cifra similar, para el cierre de 2016, llegó una estimación del Instituto de Estudios de la Realidad de América Latina de Fundación Mediterránea: "En la actualidad casi 4,7 millones de asalariados se desempeñan en empleos informales, con una incidencia de la problemática que alcanza al 33,6% del total de este conjunto poblacional y al 41,1% si sólo se considera a trabajadores que se desempeñan en la actividad privada", dijo ante la consulta de Infobae Gerardo García Oro, investigador de la entidad.

El mapa del empleo, según el vínculo laboral se mantiene extremadamente heterogéneo y hasta segmentado, al punto que una representatividad de los asalariados superior a 8 por cada 10 ocupados sólo se registra en toda la región patagónica, con un extremo cercano a 9 de cada 10 en Tierra del Fuego; y sólo en dos provincias del resto país: Catamarca y Resistencia.

También se advierte en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec que las ciudades con mayor proporción de trabajadores en negro sobre el total de la nómina son las de los grandes aglomerados urbanos de la Región Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y parte de Entre Ríos; mientras que las menor informalidad del empleo se concentra en los principales distritos de la Patagonia.

Al respecto, Idelas, destaca que "en los casos de las provincias del Norte, a diferencia de la región Patagónica, el principal empleador es el sector público, porque las distintas gobernaciones no han sabido o no han querido generar oportunidades para que se desarrollara el empleo privado, habida cuenta de que, con las limitaciones que son característica de cada geografía, en toda la nación se observan enormes ofertas de recursos naturales que esperan ser explotadas, tanto por parte de empresas productivas, como de servicios turísticos y de logística comunicacional".

Gerardo García Oro estimó que "los sectores como la construcción, la agricultura, ganadería, caza, el comercio y algunas actividades de servicios, como hotelería, constituyen las actividades más afectadas por esta problemática. Dentro de la actividad industrial, en general la informalidad es inferior al promedio, aunque en algunas actividades como la textil y del calzado la incidencia es significativamente alta".

La lectura de los expertos

Infobae consultó a cuatro expertos en el análisis del mercado de trabajo: Gerardo García Oro, economista investigador de Ieral de Fundación Mediterránea; Juan Luis Bour, director y economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL); Agustín D'Attellis, director de E4D Economía Política; y Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre ¿por qué se percibe una clara incapacidad de todo tipo de gobierno para romper el núcleo duro histórico de elevada informalidad laboral?

– Gerardo García Oro: Esta problemática, junto con otros aspectos críticos en las oportunidades de inserción y desarrollo laboral de poblaciones vulnerables, como la población juvenil y mujeres con hijos a su cargo en entornos más desfavorecidos, detentan la existencia de problemáticas estructurales escasamente abordadas por la política pública, tanto desde la óptica de un mejoramiento en las condiciones de demanda laboral: impositiva, cargas sociales y de incentivos para el desarrollo productivo a nivel regional; como de oferta: serios diferenciales en la acumulación de capital humano entre la población activa, inconvenientes educativos, falta de preparación socio-emocional y en habilidades blandas para el mundo del trabajo, entre otros aspectos; destacándose la insuficiencia de esfuerzos en materia de intermediación laboral entre la oferta y demanda de trabajo. Y se puede añadir la falta de criterios federales sobre las regulaciones y estatutos laborales.

– Juan Luis Bour: La informalidad no es un fenómeno circunscripto a lo laboral, deberíamos hablar de 'informalidad empresaria' porque si bien hay un subsistema laboral,el problema parte de que la 'cuña' entre lo formal y lo informal está en la empresa, definida por la diferencia entre lo que se paga a un trabajador bruto de cargas, aportes, tasas y recargos varios y el ingreso de bolsillo neto de todo lo que paga el trabajador y la empresa. Cuanto mayor la cuña, mayor el incentivo a pasar a la informalidad. Pero la cuña existe porque la empresa tiene un 'circuito' informal, porque puede evadir impuestos (y entonces no declara al trabajador), o porque intenta evadir impuestos que son claramente más altos que en el resto del mundo, y también regulaciones que en muchos casos provocan que no se pueda abrir un negocio porque obligan a tener más empleados que los que se necesita y luego no se los puede despedir sin costo si caen las ventas.

– Agustín D'Attellis: En principio para mantener el empleo registrado es necesario sostener la demanda, incrementando el poder adquisitivo de los salarios, para sostener el crecimiento de la actividad económica. Esta aclaración la hago, porque es prioritaria. Es cierto que en los últimos años en la Argentina, si bien aumentó el empleo, resultó imposible reducir la informalidad por debajo de un tercio del empleo total, pero en la actualidad el debate volvió a ser preservar el empleo sobre reducir la informalidad. El sostenimiento de la demanda interna a través del consumo, es una condición necesaria en búsqueda del objetivo de reducción de la informalidad laboral.

– Hernán Letcher: Algunas actividades presentan niveles elevados de informalidad dada su configuración histórica y particular de escasa productividad y rentabilidad, derivando de ello, dificultades para formalizar el empleo y ser sustentable a la vez. Esto es observable de manera directa en el cuentapropismo y en el caso de los asalariados dependientes –en muchos casos- de empleadores con pequeñas unidades de negocio de hasta 5 trabajadores (pequeños comercios barriales –kioscos, verdulerías, peluquerías, etc.- o puestos de ferias). Se trata de sectores que, sin mediar regulación y acompañamiento estatal, no pueden formalizar. Otro ejemplo se evidencia en la cadena textil, donde la tarea de corte y confección se realiza íntegramente con trabajadores informales y donde se han detectado otras irregularidades como el trabajo infantil y esclavo. En este caso, la informalidad tiene un vínculo con la tercerización laboral dado que las grandes marcas de indumentaria sólo mantienen como empleo propio el diseño y luego tercerizan la elaboración de las prendas en talleres. Otro caso es el de la construcción, con una mixtura con el contratismo y empleo eventual que no facilita tanto la estabilidad en el tiempo como la formalización de los trabajadores. Cabe indicar el 31% de los asalariados no registrados pertenece a unidades de negocios con algún trabajador formalizado, y dentro de este grupo el 65% corresponde a la franja con más 5 trabajadores; en el segmento de 6 a 40 empleados la informalidad alcanza el 45%, mientras que en el de más de 40 se estima en 18% de la nómina, es decir, aún en las unidades productivas de mayor tamaño se detecta empleo en negro. Se trata de la ausencia de capacidades de fiscalización laboral estatal, dada su descentralización en los años 90, y su transformación en una herramienta de atracción de inversiones y de empresas a provincias con menor presencia reguladora.

-¿Cree que con las medidas de la AFIP y BCRA de impulsar la facturación, pagos y cobros electrónicos, se reducirá la informalidad?

– Bour: Si se acepta el diagnóstico anterior, se entiende que para bajar la informalidad hay que avanzar en todos los frentes que bajen la informalidad empresaria. Por supuesto a algunas empresas les servirá bajar impuestos, y entonces en el margen algunos trabajadores pasarán a estar en blanco. Por supuesto si se reducen o eliminan las trabas para abrir un negocio, algunas empresas formales surgirán y habrá algo más de empleo blanco. Todo eso ayuda. Pero no va a hacer una gran diferencia a menos que se identifiquen primero los principales impedimentos para la formalidad empresaria, que incluyen en primera fila la cuestión de la regulación laboral: si la justicia laboral impide despedir trabajadores y obliga a la empresa a reinstalarlos pagando salarios caídos durante cinco años de discusión judicial no hay futuro para el empleo formal, porque no habrá futuro para las empresas formales.

– Letcher: Las medidas del Poder Ejecutivo tienen impactos diferenciales y resultado diferentes. En los sectores con escasa rentabilidad y ubicados en actividades marginales, las medidas mencionadas –sin incentivos que las acompañen- dificultan aún más la viabilidad del negocio. Adicionalmente, con un escenario económico adverso –de recesión- el sólo control resulta insuficiente. En otro ámbito, donde el diagnóstico indicaría una reticencia empresarial a la formalización (empresas de mayor tamaño y facturación), la medida de facturación electrónica puede tener algún grado de utilidad pero no reemplaza la necesidad de fiscalizar in situ. El riesgo derivado es que las empresas reorienten el "costo" adicional de dichos controles hacia ámbitos de menor fiscalización y, por ejemplo, eviten medidas de seguridad laboral.

– D'Attellis: Creo que debería encararse una reforma tributaria integral, donde se obtengan ventajas sobre otros tributos por el hecho de incorporar trabajadores registrados, de manera de evitar la superposición de impuestos que existe en la actualidad, y que en muchos casos provoca que resulte casi imposible, por lo menos en el caso de las Pymes o pequeños comercios, contratar en la formalidad. Es importante no caer en la falacia simplista de la flexibilización laboral como solución al problema de la informalidad, porque ya comprobamos que no logra tal objetivo, y sólo deteriora los derechos de los trabajadores. Las exigencias de facturación y pago electrónico obviamente que ayudan a fiscalizar en materia tributaria en general, pero como medida aislada no resulta suficiente para aumentar la formalidad laboral. Para lograr el objetivo es muy importante el rol del Estado. Debería mantenerse un registro público de empleadores con sanciones en los casos en los que se detecte informalidad. También es importante fiscalizar desde el Estado para detectar casos de tercerización fraudulenta. Se debería contemplar reducción de cargas patronales a las empresas de baja facturación que tengan menos de diez trabajadores. Debe tenerse en cuenta las necesidades de no afectar a los trabajadores en materia de seguridad social y acceso al sistema de salud, que requieren ser financiados.

En conclusión, los economistas coinciden en destacar que un aliado clave de la formalidad laboral es la reducción de la presión tributaria en general, y en particular de las cargas laborales, pero también recomiendan políticas de incentivos y controles generales. El Gobierno lo está experimentando para determinadas actividades: cadena automotriz; Vaca Muerta; calzado y textil; construcción, pese a que en el pasado no fueron efectivas porque provoca preferencias sectoriales que alimentan la inequidad e incertidumbre sobre las políticas de corto y mediano plazo para el resto de la economía.

Tal vez esa ausencia de criterios generales hizo que el blanqueo no resultara exitoso en términos de las empresas que regularizaron sus cuentas con el fisco, ya que no sólo fueron muy pocas las que adhirieron, sino que además lo hicieron por montos promedios que se ubicaron por la mitad de la media de las personas físicas que representaron el 96% en cantidad y el 98% de los USD 116.800 millones exteriorizados.

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