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Miércoles 20 de marzo de 2019

Chaco: Rechazan instalación de un casino en una de las provincias más pobres del país

Sección
Políticas Públicas
Fecha de publicación
30 de noviembre de 2018

Un fallo de Cámara confirmó el rechazo a una demanda que el referente de la Fundación Encuentro por la Vida, Ramón Vargas, realizó contra el expresidente del organismo, Daniel Pascual, por las duras declaraciones en el marco de la polémica por la instalación de un casino en el barrio San Pedro Pescador.

El proyecto del exgobernador Jorge Capitanich de instalar un casino en la zona del Barrio San Pedro Pescador generó tensas discusiones y hasta agresiones físicas en la provincia del Chaco, lo que obligó al mandatario chaqueño a archivar la iniciativa ante la falta de consenso por parte de los vecinos de esa barriada enclavada al pie del puente que une a las provincias de Chaco y Corrientes.

El principal impulsor y vocero de la medida fue el por entonces presidente de Lotería Chaqueña, Daniel Pascual, quién en distintos medios salió a descalificar la protesta comunal enfocando sus diatribas en la persona de Ramón Vargas, sobre quién llegó a afirmar que fue “funcionario de la dictadura” y que recibió dinero del dueño de un casino con sedes en Resistencia y Corrientes para boicotear el proyecto.

En 2011, Vargas inició una demanda por daños y perjuicios y daño moral por considerar que Pascual lo había afectado en su honor. En primera instancia, la demanda fue rechazada porque, según Vargas, la jueza no consideró ofensivas las afirmaciones de Pascual, tampoco tuvo en cuenta las constancias de la causa ni aplicó la regla de distribución de la prueba. Además, el fallo de primera instancia le atribuyó a Vargas la condición de “funcionario público” y descartó como prueba una publicación en una cuenta de la red social Facebook a nombre de Pascual.

También cuestionó el ambientalista que el presidente del organismo realizó sus declaraciones y definió como “verdaderos enemigos” a los críticos al proyecto del Centro de Entretenimiento Antequerita –así se llamaba el proyecto de casino- como “verdaderos enemigos” y que por lo tanto “no reconoció límites en sus afirmaciones lesivas al honor”.

El fallo de Cámara

Apelado el fallo ante la Cámara, el 11 de octubre pasado, la Sala IV confirmó la sentencia ratificando todo lo resuelto en primera instancia. Días atrás, los camaristas hicieron lugar al recurso de apelación de Vargas y elevaron el expediente a la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia que ahora deberá analizarlo.

En primer lugar, los camaristas Marta Inés Alonso de Martina y Diego Derewicki señalaron que por la relevancia pública que tenía el polémico proyecto Vargas había adquirido “visibilidad social suficiente” como para ser considerado “personalidad pública”. En cuanto a las pruebas descartadas, el fallo sostiene que Pascual negó todas las pruebas aportadas a la causa a excepción de dos publicaciones periodísticas del diario Primera Línea y del portal Chacodiapordia.com. En ese contexto, los camaristas señalaron que el denunciante no pudo acreditar que la publicación en Facebook aludida correspondiese a una cuenta creada por el entonces presidente de Lotería Chaqueña.

Más tolerancia, pero para Vargas

Al definir a Vargas como una “figura pública” los camaristas lo equipararon a un funcionario que debe ser más tolerante ante las críticas referidas a su función. En cuanto a las expresiones de Pascual de que la protesta se encontraba financiada por el dueño de un casino con sedes en Resistencia y Corrientes, los jueces aseguraron que “al involucrarse voluntariamente en el seno de un debate público como el de marras -considerando los intereses económicos y sociales comprometidos- (Vargas) debió razonablemente preveer que su postura le valdría críticas y cuestionamientos ardorosos, lo que le imponía necesariamente un mayor grado de tolerancia”.

En ese contexto, agregaron que “en el seno de una disputa pública como aquella, el límite de lo que ha de considerarse una ‘crítica aceptable’ resulta considerablemente ampliado cuando la misma se formula contra una personalidad pública, puesto que -a diferencia de cualquier otro particular- ésta se ha sometido voluntariamente a un escrutinio público más exigente, con el consecuente e inescindible riesgo de sufrir afrentas”.

Los camaristas reconocieron, no obstante, que “ciertas frases pueden exceder la tolerancia normal de la discusión pública en un Estado democrático”, sin embargo ponderaron que “el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor, debe resolverse sobre la base del principio de ponderación de bienes y la necesaria valoración de los intereses en juego, lo que me lleva a preferir el fortalecimiento del debate, aun a riesgo de que resulte en lo específico una mengua al honor de los participantes”.

En el fallo también se desestimó la aplicación de la doctrina de la “real malicia” según la cual se debe condenar a aquel que haga una acusación contra otra persona teniendo consciencia sobre su falsedad. En ese sentido, sostuvieron que no se acreditó “la concreta falsedad de las manifestaciones cuestionadas y el dolo en su formulación –el que no se presume-“.

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