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Martes 22 de septiembre de 2020

Chaco: Ordenaron indemnizar al pueblo Qom por la Masacre de Napalpí

Sección
Políticas Públicas
Fecha de publicación
16 de septiembre de 2020

Con las firmas de las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó un fallo de primera instancia e hizo lugar a la demanda de la Asociación Comunitaria La Matanza ordenando al Estado nacional pagar indemnizaciones y también realizar inversiones públicas para promover el desarrollo del pueblo Qom.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar a la demanda civil por daños y perjuicios promovida por la Asociación Comunitaria La Matanza y condenó al Estado nacional al pago de una indemnización a esa organización indígena y también a que se destinen inversiones públicas en beneficio de los integrantes del pueblo Qom a los fines de promover su desarrollo por un período de 10 años.

El fallo fue dictado este lunes 14 de septiembre y lleva las firmas de las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. La decisión del tribunal se fundó en una apelación de la Asociación Comunitaria La Matanza contra el fallo de primera instancia de la jueza federal Zunilda Niremperger, que si bien reconoció la existencia de la Masacre de Napalpí consideró que la asociación demandante no estaba legitimada para reclamar una reparación económica.

ó que “tal como lo ha declarado la CIDH, la reparación más idónea para este concepto no resulta ser la reparación económica, sino que consiste en el reconocimiento de los hechos que ya ha sido efectuado por la magistrada de la instancia anterior, así como una serie de medidas que han sido adoptadas por los distintos poderes de la Provincia del Chaco y que también han sido enumeradas en la sentencia que aquí se cuestiona”.

Reparación “in totum”

Para definir la indemnización, el fallo de la Cámara Federal precisó que lo que dificultaba su cálculo era el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la falta de sobrevivientes y que tampoco fue posible dar sepultura a los fallecidos, lo que dificultó la tarea de cuantificar el número exacto de víctimas en el mismo día de la Masacre y en días posteriores, como consecuencia de las heridas recibidas. En ese contexto, la jueza Denogens consideró que al no resultar posible encuadrar los daños en las clásicas categorías de daño emergente o lucro cesante, “lo que me convence de la procedencia de una reparación ‘in totum’, que procure el desarrollo de la comunidad indígena que vio afectados sus derechos durante tantos años, y que constituya la vía que garantice por parte del Estado Nacional la implementación de políticas públicas tendientes a reparar los daños sufridos por los integrantes de la etnia”.

Las indemnizaciones ascienden a un monto equivalente a 1800 salarios mínimos, vitales y móviles (actualmente en $16.875) para la Asociación Comunitaria La Matanza, en razón de 360 salarios mínimos por año durante cinco años.

La otra indemnización asciende a 19 mil salarios mínimos, vitales y móviles (a razón de 1900 anuales durante 10 años) que deberán ser destinadas a inversiones públicas en beneficio de los integrantes del pueblo Toba, a los fines de promover su desarrollo.

Las inversiones a realizar por el Estado serán a requerimiento e indicación de la “Asociación Comunitaria Colonia La Matanza” bajo la auditoría y asesoramiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), y deberá cumplirse en forma progresiva.

Fuente: www.chacodiapordia.com.ar

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