El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto al presidente del Superior Tribunal De Justicia formoseño y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial firmaron un convenio institucional que permite que Formosa sea la décima jurisdicción en sumarse al sistema del Registro Nacional. La primera provincia en adherirse fue Salta en el año 2021.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, junto a su par de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, y el presidente del Tribunal Superior provincial, Marcos Bruno Quinteros, firmaron el convenio de cooperación a través del cual la provincia aportará los perfiles de condenados por delitos contra la integridad sexual que almacena en el registro provincial creado en 2009, para nutrir la base de datos del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Actualmente el Registro abarca más del 50% de los perfiles genéticos de condenados por delitos contra la integridad sexual en el país y cuenta con 10 provincias incorporadas: Salta, Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Chubut, Santiago del Estero, San Luis y Formosa.
El Registro fue creado en 2013, a través de la Ley 26.879. Su fin es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables. Si bien la ley se reglamentó en 2017, la puesta en marcha del registro tardó en concretarse, ya que hasta 2021 no se había firmado ningún convenio con las provincias.
La función del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual es almacenar y sistematizar información genética obtenida en investigaciones criminales y de todas las personas con condena firme por delitos contra la integridad sexual, para colaborar en el esclarecimiento futuros casos. Existen más de 32.000 personas condenadas por delitos contra la integridad sexual abiertos, los convenios firmados entre el Ministerio de Justicia de la Nación y las autoridades provinciales permiten centralizar la información y acompañar las investigaciones judiciales locales con el fin de esclarecer el hecho criminal.
