Los bonistas reclaman los USD 16 millones en intereses que la provincia adeuda desde febrero y advierten por los compromisos del 24 de agosto.
La Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas (CBPA) anunció que impulsa un juicio sumario contra la provincia de La Rioja en el tribunal del segundo circuito de Nueva York, en los Estados Unidos, por la situación de impago en la que se encuentra desde febrero la provincia con sus tenedores de bonos en dólares. El gobierno de Ricardo Quintela canceló ese mes USD 10 millones de intereses pero no pagó los USD 26 millones correspondientes a la amortización de capital. El 24 de agosto hay nuevos compromisos en capital e intereses, pero todavía no prosperó un acuerdo de reestructuración entre las partes.
Los bonistas, representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP sostuvieron en un comunicado que “el desprecio temerario” del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras “perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia”. Además, afirmaron que esa situación socava los esfuerzos del gobierno nacional de Argentina para revertir la imagen del país ante los mercados internacionales de crédito.
El comunicado afirma también que “La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales” de todas las que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021.
El bono en cuestión en el denominado “Bono Verde” por USD 318 millones emitidos bajo la ley de Nueva York en 2017 para la construcción de un parque eólico. En 2021, ese bono fue reestructurado, luego de que la Nación hubiese hecho lo propio con sus títulos públicos. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés de 3,5% que debería ir escalando hasta 8,5% anual en 2028. El contrato del bono riojano prevé que el anuncio de impago no implica un evento de default automático, sino que existe un período de gracia antes de que el indenture permita a los bonistas reclamar la “aceleración” de los pagos, es decir, el pago completo de la deuda.
La situación actual se resumen en dos problemas: el impago del servicio de amortización de capital que venció en febrero (por USD 16 millones) y la preocupación de los bonistas por los nuevos vencimientos que operan el próximo 24 de agosto que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia.
La Rioja, de esta forma, es la primera provincia que manifiesta inconvenientes financieros para hacer frente a los vencimientos de su deuda desde que inició el gobierno de Javier Milei. Desde el gobierno provincial argumentaron que el incumplimiento en el pago responde a las dificultades económicas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación a las provincias.
“En febrero de 2024 , la Provincia se convirtió en la primera y única provincia en volver a incumplir sus obligaciones reestructuradas, al no pagar US$16 millones de capital adeudado. El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA (” PEA “). Luego, la Provincia concluyó una venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables SAU, una de las empresas de PEA, por US$171 millones a Pampa Energia SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos”, apuntaron los bonistas.
El estudio que representa a los bonistas es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, tiene entre sus socios a Dennis Hrankitzky, el abogado que logró embargar la Fragata Libertad en 2012 cuando la Argentina no había salido por completo de su default del 2001.
