La medida vino a suplir la ausencia de una ley nacional que regule el cuidado de estos ambientes. Es que desde el año pasado se instaló con fuerza la discusión en el orden nacional sobre la necesidad de una normativa que regule este tipo de ecosistemas, aunque no se logró avanzar en ello.
Según la normativa, un humedal es un “ambiente en el cual la presencia, temporaria o permanente, de agua superficial o subsuperficial, incluidas las nacientes con las características de suelos o sustrato que así lo permitan, causan flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos, con la presencia de biota (conjunto de organismos vivos de una región) adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.
Con esta ley se pretenden cuidar y regular las actividades que se desarrollen en esos entornos, con el objetivo de que su uso sea sustentable. Es decir, que puedan combinarse actividades económicas con el cuidado y la protección de este tipo de ecosistemas. Así es que en el cuarto de los artículos de la normativa se indica que “pueden realizarse en los humedales todos aquellos usos racionales tradicionales que no afecten su funcionamiento y sean compatibles con las finalidades de la presente”.
“El Ministerio de Ecología debe calificar a los humedales en tres áreas principales. Así, habrá áreas de alto valor de protección, donde las actividades son absolutamente restringidas; áreas de Gestión de Recursos, donde se debe gestionar para su conservación a largo plazo; y, por ultimo, áreas de Usos Múltiples, que son sectores urbanos o rurales donde se realizan actividades económicas o industriales”.
Fuente: El Territorio.-
