La llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete abrió la puerta para que los gobernadores tengan una mayor influencia sobre las decisiones de Nación y en ese marco, las provincias renuevan reclamos con una nueva expectativa.
Una nueva etapa en la relación Nación-Provincias podría abrirse con el arribo de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete, que le da mayor volumen político a esa posición. Desde las provincias ven con buenos ojos esta designación, ante la posibilidad de poder abrir nuevos canales de diálogo y negociación con la Nación. La disolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la merma en la Coparticipación Federal y en los subsidios al transporte, la parálisis de la obra pública y el desfinanciamiento de las cajas previsionales son algunos de los ítems que golpean a todas las jurisdicciones de forma transversal.
En las provincias del Norte Grande, hay además otros puntos de fuerte interés. Corrientes, por caso, sostiene sus reclamos por las regalías de Yacyretá. La administración de Gustavo Valdés mantiene una demanda ante la Corte Suprema por $30 mil millones, más intereses y actualizaciones. Desde la provincia recuerdan que el tema -abordado por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias- continúa siendo prioritario. Las “obras inconclusas de Nación”, por otro lado, inquietan a la gestión radical.
La opinión común entre los gobernadores del Norte Grande es que Francos conoce a profundidad los reclamos de las provincias y que ahora está al frente de un área que es capaz de asignar partidas, por lo que podría otorgar auxilios concretos, sin mediaciones.
En La Rioja, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Chaco, la parálisis de obras públicas financiadas por la Nación es casi total. En muchos casos, hay obras paradas que tienen entre un 20% y 50% de avance que se pretenden terminar de manera inmediata principalmente por una cuestión de costos.
Además, la contracara de las obras frenadas en el Norte es el crecimiento de trabajadores de la construcción desocupados. En La Rioja suman 9.000, en Salta esa cifra ronda los 8.000, mientras que en Chaco el número creció a 10.000, desde diciembre, según el gremio del sector, la UOCRA. Las obras son de diversas características, van desde hospitales inconclusos, como en La Rioja y Chaco, hasta la edificación de un nuevo complejo penitenciario en Tucumán, que avanza con lentitud, más escuelas, viviendas y programas de mejoramientos en los barrios populares.
Otro ítem de gran relevancia y que se mete en las paritarias con la docencia, como las que se desarrollan en Jujuy y Salta en estos días, es el recorte del FONID. Aunque se trata de una partida que tiene distinta incidencia en cada provincia, implica un pérdida nominal en los haberes docentes que van de un 9% a un 20%, según datos oficiales. Algunos distritos lo están cubriendo, mientras los jefes provinciales persisten en el reclamo de pago, pero en otros no, como en Salta.
A este escenario en educación se le suman la motosierra al pago de Conectividad -que también iba al salario de los maestros- y partidas para los refuerzos alimentarios en las escuelas.
Hace un mes, Salta recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el FONID, por considerar que “la Nación no cumple con su responsabilidad de contribuir al salario docente”, de acuerdo a la presentación realizada por la ministra de Educación Cristina Fiore. Reprochó, además, que tampoco garantiza que la educación sea un bien público, una prioridad y una política de Estado. Una situación que también genera ruido en las provincias desde desde febrero, cuando el Ministro de Economía de la Nación, Nicolás Caputo, lo anunció en una conferencia, fue el fin del Fondo Compensador del Interior -que en 2023 implicó $102.000 millones-, esto es, ni un peso desde la Nación para subsidiar el transporte público.
Desde entonces, las administraciones tuvieron que cubrir ese bache pero eso también se trasladó al valor de los boletos mínimos. Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “como consecuencia de recorte se produjo un aumento generalizado de las tarifas de transporte público en el interior del país.
Mientras que la tarifa media del interior se ubicaba en torno a los $252 en enero de 2024, para abril ya alcanza los $607, lo que implica una variación acumulada del 141%”. Las fricciones por este tema se revitalizaron en los últimos días, con la inmediata reacción pública del riojano Jalil; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gustavo Sáenz, de Salta, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, cuando se supo que la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó el aumento de hasta un 50% de los fondos compensatorios destinados al transporte de pasajeros del AMBA, el único distrito del país a la que se le mantienen los subsidios o compensaciones.
