Por Gustavo Barbarán. Catedrático en Derecho Internacional, fundador del Instituto de Derecho Internacional de la Ucasal y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI) desde 1984 y vicepresidente del 2009 al 2011. Publicado en eltribuno.com
En su discurso nocturno del domingo 14 de mayo, el reelecto gobernador Sáenz reclamó unidad nacional, comprometiéndose igualmente a continuar trabajando con sus pares vecinos para achicar las asimetrías que empobrecieron a la Región Norte Grande Argentino. Presumo que la visión regionalista es compartida por buena parte de la dirigencia salteña (no solo política), asumiendo la conveniencia de impulsar proyectos comunes con dimensión geoestratégica.
Se avanzó bastante. Un hito destacable ocurrió en abril último, cuando los gobernadores y legisladores de la región se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones con ministros y diputados nacionales, para presentar el Máster Plan de Logística Integrada del Norte Grande y conformar una Agencia de Ciencia y Tecnología del Norte Grande. Es difícil predecir cuándo se concretarán tales proyectos, atento a los tiempos de recambio presidencial. Opera en contra la constante agudización de la crisis económica, por el descontrol de variables, falta de empatía de los actores económicos, inflación incontrolable y obsesión por el dólar. Ese contexto inhibe cualquier visión estratégica, más si nos estamos jugando la “tera”.
Demasiadas asimetrías
Sería torpe ignorar las asimetrías de todo tipo existentes entre las diez provincias involucradas. ¿Cómo reconstruir la Argentina con nuevos criterios de organización territorial y pleno respeto a las autonomías provinciales, habiendo tantos desniveles políticos, económicos y sociales en esta porción del país?
Las cautelares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que frenaron candidaturas de peso en San Juan y Tucumán, revelan el laxismo político que agobia nuestras provincias. Esas medidas repercutirán en todas las jurisdicciones. Por caso, en Formosa empezó el derrotero judicial.
El costo político que acarrean gobiernos interminables, medido en tiempo histórico, finalmente se paga caro: imposible construir nada perdurable con electorados cautivos y adormecidos. La perpetuación en el poder -embadurnada de corrupción, según la profecía de Lord Acton- se enquista a nivel provincial, obstaculizando el trabajo en otra dimensión más amplia. Una agenda regional bien elaborada y articulada traspasa los sucesivos turnos de gobiernos locales. Y esa cultura nos está faltando.
La RNGA cuenta con cierta institucionalidad suficiente por ahora, expresada en los documentos fundacionales, leyes ratificatorias y actas de plenarios. De ningún modo conviene burocratizar la organización del Norte Grande, que requiere madurez cívica. Llegado el momento, el armado de una estructura institucional se impondrá sola.
Nada impide, entonces, empezar con pasos cortos tendientes a nivelar asimetrías en el plano institucional, afianzando tres institutos jurídicos existentes, como denominador común facilitador de tareas actuales y futuras.
Empecemos con los ministerios de planeamiento estratégico, previstos para elaborar políticas de estado (cualitativamente distintas a “políticas de gobierno”). Chaco, Jujuy y Salta tienen algo parecido en distintos niveles burocráticos (en nuestro caso, apenas una subsecretaría de la Secretaría General de la Gobernación). Las restantes provincias cuentan con oficinas de planificación distribuidas en distintas carteras, superponiendo planificación, infraestructura, modernización, y otras materias que ponen en duda lo de “estratégico”, que resulta primordial. En fin, ¿cómo proyectar un discurso regional común si las provincias involucradas carecen de tales instancias de debate y formulación?
En esa línea, los organigramas provinciales necesitan un Consejo Económico y Social, indispensable a la hora de transformar en planes estratégicos las inquietudes de la sociedad civil con participación jurídicamente habilitada. Lo que se construye de abajo hacia arriba perdura en el tiempo; es el caso de nuestro Plan Estratégico Salta 2030. Siete provincias lo han incorporado en sus constituciones (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero); Jujuy, Misiones y Tucumán no lo prevén. Salta tiene cierta ventaja al respecto; nuestro CEyS funciona razonablemente bien y cada día se consolida por el interés de sus miembros estables, pese a que todavía carece de presupuesto y sede propia. A diez años de su creación es oportuno replantear su funcionamiento.
Por último, otra institución que debe funcionar plenamente en cada provincia es el Consejo de la Magistratura, para afianzar el orden republicano mediante la transparencia en la designación de jueces capaces, probos e independientes, garantía última del sistema. En Chaco, Corrientes, La Rioja, Salta y Santiago del Estero tienen rango constitucional; Catamarca, Formosa, Misiones y Tucumán, lo crearon por ley y Jujuy lo incorporará con la reforma constitucional habilitada recientemente. Tampoco puede decirse que hoy los resultados en este sensible campo sean todo lo óptimo que querríamos.
La construcción de la RNGA no implica una huida hacia adelante. Al contrario, es un imperativo histórico de las provincias fundantes y las obliga a trabajar para que esta porción geográfica argentina cumpla su destino de bisagra articulante con Hispanoamérica, justo cuando el mundo se perfila multipolar. Esta percepción se inscribe dentro de una visión geopolítica nacional: la Argentina peninsular, bicontinental y oceánica. No entenderlo así, nos condenará a una balcanización con diseño ajeno. Desde nuestros inicios nacionales, el concepto de “región” convive con el de “provincia”. Las provincias del Norte Grande cubren una superficie de 849.563 km² (el 28% del total nacional) y habitan en ellas 10.037.521 de personas (Censo 2022, 22% aproximado del país). Sin embargo, cinco distritos pueden definir las elecciones nacionales sin necesidad del resto: Buenos Aires, la CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, representan de la población argentina en un 27% del territorio; tienen 142 de los 257 diputados del Congreso Nacional (55%). La RNGA cuenta con 30 senadores nacionales y 62 diputados; número actualizable con los del censo 2022. Seamos firmes en esto.
Concluyo esta nota recordando que el art. 77 de la Constitución de Salta, introducido por la reforma constitucional de 1986 (¡27 años se tardó en sancionar la ley nº 7784/2013), menciona que los planes consultados al CEyS procuran el desarrollo equilibrado de las diversas regiones salteñas, con las provincias del NOA y la Nación.
Vamos por buen camino. Todo constructo de esta naturaleza no concluye nunca y debe encararse sin prisa y sin pausa, teniendo en miras principalmente la integración nacional y, en paralelo, la unidad continental. Profundizando esta experiencia seguramente habrá una Argentina mucho mejor.
